La Policía Nacional ha detenido a siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— por explotar laboralmente a trabajadores extranjeros en una red de call centers repartidos entre Madrid y Fuenlabrada. La operación, en la que también participó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, se saldó el pasado 10 de marzo con el registro simultáneo de 15 centros de trabajo y la detención de todos los implicados, que quedaron a disposición judicial por un presunto delito continuado contra los derechos de los trabajadores.
El sistema que los responsables habían montado combinaba presión extrema con humillación pública. Los empleados, muchos de ellos sin permiso de trabajo y por tanto en una situación de especial vulnerabilidad, debían cumplir objetivos diarios de ventas utilizando guiones diseñados para confundir a los clientes y forzar la contratación de productos o servicios. Su rendimiento se reflejaba en un ranking diario de productividad que determinaba recompensas y castigos. Entre estos últimos, el más llamativo: lanzar tartas a la cara de los trabajadores con peores resultados delante del resto de compañeros.
Más allá de las humillaciones, las condiciones laborales incumplían de forma sistemática la legislación vigente. Los empleados carecían de jornadas legales, descansos obligatorios, vacaciones y retribuciones justas, y no contaban con seguro médico. Para dificultar la labor de la Policía, los responsables cambiaban constantemente la ubicación de los centros, lo que prolongó la investigación hasta que fue posible actuar sobre todos ellos de forma coordinada.
