La sentencia emitida por el juzgado número 24 de Madrid ha puesto en entredicho la actuación del ayuntamiento de Fuenlabrada en relación con el centro de menores de La Cantueña. El fallo, favorable a los intereses de la Comunidad de Madrid, ha acusado al consistorio fuenlabreño de llevar a cabo una «desviación del poder».
El conflicto se centra en la suspensión de las obras de acondicionamiento del centro, que buscaba transformarse en un lugar de acogida para menores inmigrantes no acompañados. La justicia ha respaldado la posición de la Comunidad de Madrid, indicando que la propiedad del inmueble pertenecía y pertenece a la Comunidad, a pesar de la disputa planteada por el Ayuntamiento.
La sentencia también ha señalado que las obras no requerían una licencia municipal, ya que estaban respaldadas por razones de urgencia e interés general. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, al solicitar una licencia innecesaria y posteriormente intentar paralizar las obras, ha sido acusado de cometer una «desviación de poder» por parte de la justicia.
Desde el consistorio fuenlabreño, se ha refutado esta posición, calificando de «rotundamente falso» que el centro sea propiedad de la Comunidad. Denuncian que la Comunidad de Madrid prioriza sus intereses partidistas en lugar de atender adecuadamente a los menores no acompañados.