Manuel Robles ha acudido esta mañana al Juzgado de Instrucción número 4 de nuestra localidad para declarar por una querella criminal que le ha puesto un trabajador del Ayuntamiento por presuntos delitos contra la integridad moral y prevaricación. El juez admitió a trámite hace unos días un escrito de R.M.P., funcionario de carrera, contra el regidor fuenlabreño y, también contra Ángel Gil Blázquez, en calidad de responsable de la Dirección de Servicios Jurídicos del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Desde el Consistorio afirman «están absolutamente tranquilos, al haber respetado en todo momento la legalidad», además «en la Justicia y respeta sus decisiones.
Los hechos se remontan a 2006 cuando el querellante era coordinador del departamento de Personal en el Consistorio. En ese momento debía adaptar al régimen jurídico administrativo las categorías del personal directivo existente debido a que Fuenlabrada había sido nombrada «gran ciudad». «En ese contexto de regularizaciones —apunta el escrito— el coordinador del departamento de Personal se encontró sujeto a constantes presiones y enfrentamientos con los órganos directivos de designación política del Ayuntamiento, que trataron de vadear la norma con el fin de dar cumplimiento a sus intereses políticos y relaciones de clientelismo».
R.M.P. denuncia numerosos episodios de «acoso y hostigamiento» que «fueron degradando las condiciones del querellante, hasta aislarle en el marco laboral», lo que le obligó a tener que solicitar la baja ya que, además, se encontraba delicado de salud por haber sido operado del corazón.
Sin embargo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de un comunicado emitido en su página web, «niega las acusaciones realizadas». Esa adaptación del régimen jurídico administrativo «contó con los informes favorables de los órganos competentes en la materia, así como de los sindicatos», afirma la nota, que también apunta que «el trabajador, como otros empleados públicos, se vio afectado por los cambios y fue trasladado a otro puesto con la misma categoría y sueldo que el anterior». El Ayuntamiento afirma que R.M.P no aceptó el cambio «motivado exclusivamente por razones organizativas propias de la adaptación a la nueva Ley». La exposición de hechos por parte de dichas fuentes municipales concluye diciendo que «poco tiempo después, pasó a la situación de jubilación por incapacidad total, situación en la que se encuentra en la actualidad».
Texto: Abc/Redacción
