Continúa nuestro bloguero por la senda de la temática social abordando un asunto que ha causado -y causa- debate en la sociedad española. Con su habitual mesura y los datos como argumentos, Diego Ferriz en esta ocasión no duda en posicionarse sobre una cuestión que también mezcla, además de una base jurídica, la ética y la moral de por medio.
Hace unos días el PP se ha valido de su mayoría en el congreso para aprobar la reforma del Código Penal que establece la prisión permanente revisable, lo que a efectos prácticos puede definirse como cadena perpetua. Casi todos los partidos se han opuesto a una maniobra no consensuada, pero aun así el grupo popular ha dado este importante paso que endurece las penas aplicables a los peores criminales.
El 89% de los votantes del PP aprueba la reclusión vitalicia, así como el 90% de los votantes de UPyD o el 88% de los de Ciudadanos. Hay un equilibrio al 50% entre los votantes del PSOE, una aceptación del 52% entre los de Podemos o un rechazo del 53% entre los votantes de IU, la fuerza política más claramente enfrentada a la prisión permanente revisable. Las cifras, en resumen, revelan un amplio asentimiento entre los españoles, pues un 67% avala la cadena perpetua frente a un 18% que la rechaza. Entre ellos, las mujeres y los jóvenes se muestran más a favor.
Los datos resultan comprensibles, pues históricamente han sido sectores progresistas quienes, aludiendo a los derechos humanos, la dignidad o el objetivo de reinserción, han optado por dejar una puerta abierta a la libertad de los presos en casos de buena conducta, rehabilitación y arrepentimiento. De hecho, organizaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional ya han publicado manifiestos de protesta.
Pero el asunto se complica cuando sabemos que más de sesenta catedráticos de Derecho Penal adscritos a treinta y tres universidades, esto es, todo un ejército de expertos juristas, se oponen a la prisión permanente revisable y, entre otras razones, sostienen que el Código Penal previo ya era lo bastante severo y, en ciertos casos de penas de cuarenta años, podía resultar incluso más duro que la nueva condena revisable. Se habla de reeducación y reinserción social y se advierte de la posible inconstitucionalidad de la norma, de manera que el PSOE aprovechará la coyuntura y la opinión suscitada entre los profesionales para elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional, basándose en la inobservancia de la reinserción y la dignidad de los presos que contemplan nuestras leyes básicas.
Yo, como la mayoría de los españoles, estoy a favor de la cadena perpetua y me alegro de que se haya adoptado esta medida. Además, legislar de acuerdo con la opinión social no me parece electoralista sino consecuente. ¿Reducir los impuestos, aumentar las pensiones, favorecer el empleo sería electoralista sólo porque la mayoría lo agradece? No, sería un acierto y una buena gestión del gobierno.
En cuanto a la dignidad del recluso, seamos realistas: por suerte para los presos, las cárceles de hoy en día ya no son esas oscuras mazmorras, esos lóbregos calabozos del pasado; la comida está garantizada, así como la cama y el aseo, y se permiten muchas libertades. Así que no veo que se atente contra la dignidad humana, aunque el reo sea consciente de su cadena perpetua, al mantener la prisión de por vida.
El verdadero atentado es el que perpetraron los terroristas musulmanes en Atocha, o la cruel sangría de ETA durante décadas. ¿A qué clase de reinserción podría aspirar un individuo que ha asesinado a 192 personas? A ninguna, aunque transcurrieran treinta años y pareciera arrepentirse; por la magnitud de sus crímenes, no tendría cabida en nuestra sociedad. Si lo dejáramos libre, su única salida sería regresar a su tierra, donde algunos le recibirían como a un héroe. Otro tanto puede decirse de los etarras: puestos en libertad, sólo encontrarían sosiego una vez desintegrada España, pues no es sino destruir nuestro país lo que pretenden. En realidad, la quiebra del Estado español les proporcionaría argumentos para justificar sus delitos.
¿Qué clase de reinserción puede darse en el caso de un etarra que se obstina en defender la lucha armada y no se arrepiente de sus crímenes? Ninguna; en este caso, la cárcel es el lugar adecuado donde mantenerle hasta que al menos muestre arrepentimiento, admita que sólo la paz es el camino y pida perdón a sus víctimas.
La reeducación de los presos y la reinserción social son nobles y filantrópicos objetivos, pero no siempre va a ser posible alcanzarlos; en los casos citados, que podrían reproducirse en el futuro, sería imposible: son crímenes terribles que generan la alarma social y la repulsa del pueblo. Hay asesinatos ante los que no cabe el perdón o la redención, a no ser que nos rindamos y admitamos las siniestras razones que llevaron a los criminales a matarnos. Ante el terrorismo, sólo la mano dura puede obtener resultados; está demostrado y es lógico que nuestras leyes prevean los más severos castigos ante las eventuales matanzas de los más despiadados asesinos.
¿Qué clase de reeducación se puede impartir a un violador y asesino de niños, de mujeres jóvenes, o a un psicópata que asesina en serie? Ninguna, pues normalmente son casos irrecuperables. Los individuos que, a causa de su trastorno, cometen crímenes obedeciendo el designio de sus abyectos cerebros, deben permanecer en reclusión y ser sometidos a tratamiento. Sólo se debe garantizar la reinserción de los presos arrepentidos, reformados y reeducados en pro del bien común. Algunos asesinos, si se le pregunta al pueblo, merecerían la pena de muerte. Pero la historia demuestra que se cometen errores y se acaba ejecutando a inocentes, lo que no es admisible y, en mi opinión, debe evitarse. La cadena perpetua, sin embargo, es el mejor remedio que se conoce contra la manifestación del odio y su persistencia.
Foto: Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, firmando el pacto antiterrorista que incluye la cadena perpetua revisable. Fuente: La Sexta.com
